Se tramitan a iniciativa del Gobierno Nacional, importantes proyectos relacionados con devolver a las víctimas de la violencia las propiedades de las que salieran huyendo de la violencia generalizada desde los años 50. Mas allá de las buenas intenciones del Gogierno Nacional, un análisis profundo de los efectos de ser aprobadas las iniciativas, nos lleva a cuestionar sobre Cuáles serán los retos que debe asumir para controlar la restitución de tierras y la indemnización económica a las víctimas?
Después de todo, los responsables de atroces sucesos cuanto han pagado y devuelto con estos mismos fines? es en últimas el estado el único responsable de la indemnización económica?, porque en anteriores administraciones no habían tenido eco estas iniciativas?
LEY DE TIERRAS SI, PERO… ¿QUE HACE FALTA?
Me sorprende, como se que a muchos, la gran celeridad con que ha comenzado el tránsito por el legislativo, de un considerable número de proyectos con los que el recién sincronizado gobierno nacional apela a la buena voluntad de los padres de la patria para sacar adelante, las reformas que se han venido preparando y anunciando incluso desde el primer semestre del año en el debate político. Y es que en este caso si me atrevo a realizar algunos apuntes, por que si bien, dentro del amplio grueso de las dimensiones entre otras, sociales, políticas, ambientales, culturales y de desarrollo económico, el sector agropecuario que hace parte de esta última, considero, se convierte en uno de los principales ejes de desarrollo económico-social, que desde luego posee en su interior uno de los mas altos porcentajes de ocupación laboral con el empleo de mano de obra no calificada, que aporta gran parte del PIB a la economía nacional y que desafortunadamente, es considerado el sector en donde se encuentran igualmente los porcentajes de pobreza y miseria mas altos del país.
Y es que insisto al decir “me sorprende”, porque el gran número de iniciativas esta vez no podemos afirmar en un principio que estén influenciadas por la mano invisible de quien precediera y no haya mostrado el mas mínimo interés por empujarlas, pues las intencionadas reformas mas bien parecen contrarias a los proyectos de su fallida continuidad en la Casa de Nariño.
Entre todos los proyectos, cursa en el Congreso, a iniciativa del primer mandatario una “temprana” proposición con miras a fortalecer y volver la mirada hacia algunos sectores deprimidos que superan las mayorías de pobreza y vulnerabilidad, por la indolencia de los sectores políticos ante la crisis del sector rural a través de la historia. La Ley de tierras o política integral de tierras, como se le quiera llamar, la iniciativa busca devolver a quienes en un tiempo tuvieron el lujo de vivir, aunque en la pobreza y miseria felizmente en sus pequeñas parcelas y por cosas del destino, a partir de la década de los cuarenta fueron ahuyentados, corridos y perseguidos por la violencia, y no tuvieron asidero sino en las medianas y grandes ciudades, donde hoy sin una intervención y atención efectiva del estado la cifra supera los cuatro millones de infelices o bien llamados desplazados, que deambulan en la mayoría de los casos engrosando los círculos de pobreza y miseria de nuestra sociedad.
Y es que la iniciativa, paralela a las estrategias y políticas de seguridad democrática no se explica como ha venido aplazándose gobierno tras gobierno. Se trata de más de dos millones de hectáreas que en potencia generarían riqueza agrícola en nuestro país, y de paso reducirían las áreas de movilidad de la delincuencia armada.
Esta, según su extensa justificación, entre otras busca una mayor productividad de la tierra, lo que sin duda indirectamente contribuiría a un crecimiento económico a partir del campo. Pero mas allá de las buenas intenciones, que junto con el proyecto radicado personalmente por el presidente esta semana, y busca con similares objetivos, resarcir los daños generados por la violencia, mediante la indemnización a las víctimas por lo arrebatado por los grupos ilegales, ¿que desafíos debe enfrentar el gobierno nacional ante los recién posesionados padres de la patria para pasar con éxito esta iniciativa?.
Como es bien sabido, gobierno tras gobierno ha pasado desapercibida y sin éxito en varia legislaturas. Y es que ante el temor de muchos que ven en la propiedad del latifundio extensos y económicos intereses, la iniciativa se siembra, crece, madura y se marchita sin florecer hasta llegar a involucrar a integrantes mismos del congreso. ¿Podrán hoy en día los políticos, terratenientes, empresarios y grandes capitalistas que en algún tiempo obtuvieron indirectamente mediante el sometimiento y destierro la legalización de la propiedad, desprenderse en la mayoría de los casos de los fértiles terrenos que abarcan una gran parte de la geografía nacional? Será sin duda uno de los grandes escollos que en el debate del proyecto tendrán que defender, quienes real y sensiblemente ven en el trabajo del campesinado y en la resocialización y el regreso del desplazado, una gran alternativa de desarrollo futuro de nuestro país.
Siendo sensatos con el alcance y no muy lejanos tropiezos de ser aprobada la iniciativa, cabe realizar las siguientes reflexiones que nos ayudan a esbozar el futuro de un deseado éxito del proyecto a favor del agro y muchas familias de nuestro país.
Minifundistas y juiciosos labradores que en años anteriores dejaron sus parcelas, ¿regresarían a sus tierras a tomar nuevamente azadón, arado y machete, dejando de lado en algunos casos empleos, hijos y ya varios núcleos familiares organizados? Desplazados, hoy en día viviendo del delito, hurto, delincuencia, en fin obteniendo dinero fácil regresarían a la parcela a ganarse el pan con el sudor de la frente? Estos dos, de muchos otros, son aspectos que no se tocan dentro de la justificación del proyecto, lo que pondría en riesgo el que muchos de los beneficiarios a punta de trampas obtuvieran nuevamente sus tierras para feriarlas y no habitarlas. No es pesimismo - me decían en el bachillerato- y todo cabe dentro de las posibilidades, ojala al momento de reglamentarse la Ley se tomen las debidas precauciones.
¿Empresarios, terratenientes, delincuentes disfrazados y grandes usurpadores y negociantes de la tierra con los títulos legalizados, permitirían la expropiación de sus terrenos?, ¿a quien no le daría miedo recibir un título de propiedad al que antecede un muy seguramente lío jurídico y amenaza?
A lo anterior se suman otras consignas. ¿Cuál deberá ser la estrategia del gobierno para garantizar la territorialización de las familias que retornarán a ocupar las tierras sin más propiedad que las ganas de trabajar y volver a su terruño?
Y es que como ciudadano, y con la experiencia que me antecede en el diagnóstico, formulación y discusión de planes de desarrollo municipal, me atrevería a diseñar a mano alzada algunas estrategias que podrían facilitar la materialización del proyecto, esperando que los bien entendidos planificadores y analistas me sepan corregir en el intento:
- La continuidad de las políticas de seguridad democrática,
- los incentivos económicos y subsidios a la producción.
- El garantizar la reducción de importaciones,
- El compromiso del gobierno de estabilización de los precios incluso en épocas de sobreproducción.
- La dotación de la infraestructura para el fortalecimiento de los procesos y tecnologías en puntos regionales de fácil acceso a los productores.
- Inversiones en investigación para el mejoramiento de la calidad de productos, con miras a formar y apoyar a los productores.
- El retomar el objetivo de los distritos de riego que potencialmente deberían estarse ejecutando en 265 mil predios, tan solo hoy son beneficiarios 24 mil (9%),
- El fortalecimiento, legislación y retorno a las normas que exigían a los entes territoriales las inversiones en proyectos de asistencia técnica agropecuaria, y mal interpretadas en su momento acabaron con las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATAS), verbigracia la Ley 617 de 2000. - Paralelamente, no se pueden dejar de lado y para favorecer los procesos de formación a las comunidades campesinas, se hace necesario incentivar al sector privado para fomentar la educación mediante las tecnologías de formación en las diversas áreas del conocimiento, en todos los rincones del país.
- Extender el portafolio académico-práctico del SENA hacia el sector agropecuario, involucrando y fortaleciendo estos procesos con las brillantes ideas de implementación de la fibra óptica, por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. - Hoy, gran parte de los desplazados, lo son por la expropiación a causa de los procesos de cobro coactivo, por las deudas a las entidades financieras, que por el fracaso del sector agropecuario, no pudieron cancelar. ¿Por qué no censar y retomar estos casos para de alguna manera involucrarlos con algún tipo de beneficio, y de igual manera escuchar el clamor de miles de deudores a punto de perderlo todo?
En fin, las anteriores son aportes que se suman al debate de lado y lado en el Senado, donde además se analizan sus bondades, desaciertos, falencias, pero en su gran mayoría predomina un favorable futuro, no sin antes advertir en muchos de los casos el que no sea una iniciativa que como el orangután con sacoleva, resulte esconder otro potencial fracaso como el de Agro Ingreso Seguro, máxime si el principal obstáculo se comenzará a vislumbrar a la hora de la titularización y selección de beneficiarios y potenciales acreedores de los incentivos y subsidios.
El debate promete ser difícil, extenso, y en su desarrollo, permitir que únicamente los padres de la patria, se encarguen de su análisis es negarle a universidades, ONG´S, analistas, juristas, líderes territoriales, y quienes viven de cerca el conflicto aporten para que el objetivo primario no se quede sólo en las buenas intenciones.
MIGUEL ANTONIO ACOSTA RODRIGUEZ
Esp. Gerencia en Gobierno y Gestión Pública.
